Según Zaffaroni, la antijuridicidad no surge del derecho
penal, sino de todo el orden jurídico, porque la antinormatividad puede ser
neutralizada por un permiso que puede provenir de cualquier parte del derecho.
La antijuridicidad consiste en la constatación de que la conducta
típica (antinormativa) no está permitida por ninguna causa de justificación
(precepto permisivo) en ninguna parte del orden jurídico (derecho penal, civil,
comercial, laboral, etc.).
Es decir, como expresa Fontán Balestra, la
antijuridicidad es el resultado de un juicio en cuya virtud se afirma el
disvalor objetivo y substancial de una acción humana, confrontándola
con el ordenamiento jurídico en su totalidad; incluyendo los principios generales
del derecho.
La antijuridicidad constituye la sustancia del delito. El
delito es por esencia un acto contrario al derecho (nullum cirmen sine
iniuria). Por esa causa se puede afirmar que la adecuación típica constituye un
indicio de antijuridicidad, que supone el enjuiciamiento de una acción,
adecuada a un tipo penal, a la luz de lo que disponen las reglas que integran
el ordenamiento jurídico, y la afirmación de su disvalor.
La antijuridicidad es el resultado de un juicio en cuya
virtud afirmamos la injusticia de una acción concreta.
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